Una ley para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria
La Ley 12/2013 de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria, que entró en vigor el 3 de enero y fue aprobada por el Gobierno el 2 de agosto del año pasado, intenta mejorar el funcionamiento y la vertebración de la cadena alimentaria con el objetivo de establecer un marco de competencia justa. Así, se centra en los contratos alimentarios y en las prácticas comerciales abusivas.
Se pretende aumentar la eficacia del sector agroalimentario español y evitar desequilibrios en las relaciones comerciales establecidas entre los diferentes operadores que intervienen en la cadena de valor, desde la producción a la distribución; quedan excluidas las relaciones comerciales con los consumidores, la hostelería, el transporte de alimentos y las entregas a las cooperativas o entidades asociativas.
Para ello, se crea la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), encargada de regular dicho régimen legal. Concretamente, el cumplimiento de las normas establecidas y el impulso de los procedimientos sancionadores, tanto de oficio como por denuncia presentada frente a la autoridad competente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Más tarde, el 22 de agosto, la propia AICA aprobó el Programa Sectorial para frutas y hortalizas. Su objetivo, de nuevo, es verificar el cumplimiento de la Ley 12/2013, en las transacciones comerciales de estos productos dentro de España, especialmente: la formalización de los contratos alimentarios y sus condiciones contractuales, realización de subastas electrónicas, obligación de conservación de los documentos y las modificaciones unilaterales y pagos comerciales no previstos.
Este programa, también, contempla la verificación del incumplimiento de los plazos de pago en las operaciones comerciales de productos alimentarios o alimenticios, conforme a lo establecido en la Ley 15/2012, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.